El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acumuló una serie de arrestos de inmigrantes ilegales criminales convictos durante el fin de semana, incluidos aquellos condenados por asesinato, robo y violencia doméstica, continuando sus esfuerzos para deportar tantas amenazas a la seguridad pública como sea posible.
Los agentes atraparon a más de 700 inmigrantes ilegales durante el fin de semana, incluidos más de 500 con condenas o cargos, según la información proporcionada a Fox News Digital por un alto funcionario de la administración Trump.
Entre los detenidos se encontraba Denicela Julia Mejía Thomas, de nacionalidad hondureña, en San Antonio, Texas, quien tiene una condena por asalto agravado con arma letal, según esa información.
En Phoenix, Arizona, los agentes arrestaron a Julio César García-Soto, un ciudadano mexicano con una condena por asesinato que fue sentenciado a 17 años de prisión. Mientras tanto, ICE Seattle arrestó a Daniel De Jesús López, un ciudadano de México con una condena por robo y entrega de metanfetamina, por la que fue sentenciado a 90 meses de prisión.
En Detroit, los agentes atraparon a Charles Henry Pusey Mcnish, un ciudadano colombiano con una condena por violencia doméstica y posesión de cocaína.
ICE en Houston atrapó a Rutillo Alvarado Carranza, un ciudadano hondureño condenado por agresión agravada con un arma letal, y quien fue sentenciado a 10 años de prisión.
Mientras tanto, en Los Ángeles, se llevó a cabo una operación de control a gran escala en varios lugares para atacar a quienes cometían fraude mediante retiros de efectivo no autorizados de las tarjetas EBT de las víctimas. El ICE atrapó a nueve ciudadanos de Rumania y Francia, tres de ellos con antecedentes penales extensos y uno que fue arrestado en Rumania por asesinato.
Los arrestos se producen después de miles de arrestos en todo el país desde que el gobierno de Trump asumió el poder en enero. Trump prometió lanzar una operación de deportación masiva “histórica”. Las autoridades han dicho que están priorizando las amenazas a la seguridad pública, pero que tampoco están excluyendo a los inmigrantes ilegales que no tienen condenas o cargos penales.
El gobierno ha puesto fin al Estatus de Protección Temporal (TPS ), que protege a los inmigrantes de ciertas naciones de la deportación, para más de 300.000 deportaciones. El gobierno de Biden había extendido el TPS para varias nacionalidades antes de dejar el cargo, una medida que dificulta que el ICE los deporte.
La medida se produjo después de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela había acordado recibir de regreso a sus inmigrantes ilegales.